La Federación Española de Dislexia denuncia discriminación en las oposiciones al Cuerpo de Maestros de Andalucía

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DISLEXIA SE UNE A LA DENUNCIA DE LA DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISLEXIA EN LAS OPOSICIONES ANDALUZAS AL CUERPO DE MAESTROS

El Defensor del Pueblo Andaluz admitió a trámite el 9 de mayo la denuncia interpuesta por la FEDIS por la falta de adaptaciones para personas con dislexia en las oposiciones convocadas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

La Federación Española de Dislexia (FEDIS) se une a la denuncia realizada por la Asociación Dislexia Cádiz por la falta de adaptaciones adecuadas a las personas con dislexia que quieren opositar para convertirse en maestros.

Desde la FEDIS se ha venido reclamando unas adaptaciones de forma continua al Director General de Personal Docente, Pablo Quesada, poniendo como referencia Comunidades Autónomas como Baleares o Extremadura en las que ya hace años que este colectivo se encuentra en igualdad de condiciones y oportunidades que el resto de los aspirantes.

Algunas de las adaptaciones más destacadas que se solicitaron en numerosas ocasiones son:

  • Ampliación del tiempo para el desarrollo del examen y para las pruebas de lectura (25% de tiempo adicional).
  • Adaptación de la tipografía (Arial, tamaño 14, no cursiva).
  • Evaluación del contenido por encima de la forma (ante los posibles errores de expresión escrita, morfología u ortografía).
  • Uso de ordenador como alternativa al punto 2 y 3.

Visto que el Director General de Personal Docente respondió a la Federación Española de Dislexia que únicamente se iba a realizar una adaptación de tipografía, se inició una denuncia ante el Defensor del Pueblo Andaluz, que finalmente se admitió a trámite el pasado 9 de mayo de 2022.

La Federación Española de Dislexia se reunió con miembros de la Consejería de Presidencia y de Función Pública de la Junta de Andalucía y tuvieron máxima predisposición tras analizar la argumentación jurídica, para adaptar cualquier proceso selectivo en que dependa de del Instituto de Administraciones Públicas de Andalucía.

Por último, la Federación Española de Dislexia muestra su mayor repudio al comunicado de la Consejería de Educación en la que recuerda “que nos encontramos ante unos procedimientos selectivos al Cuerpo de Maestros” dando a entender que las personas con dislexia no están capacitadas ni habilitadas a poder opositar a estas oposiciones por las faltas ortográficas, desmereciendo a las personas que sufren de trastornos de aprendizaje.

*** Todas estas adaptaciones están amparadas en:

Que el art. 1 de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas de 2006, ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, desarrollada internamente por el Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre que Aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social establece textualmente en el art. 4:

“Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

2. Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. (…)”

En el mismo sentido, el art. 4 de la Ley 4/2017 de Andalucía, de 25 de septiembre, de Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad.

Esto significa que el concepto de persona con discapacidad no queda circunscrito en nuestra legislación a aquellas que tengan el reconocimiento administrativo del 33%, sino a cualesquiera que presente alguna «deficiencia» que suponga una barrera para su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.

Que, en las bases de la Orden de 23 de febrero de 2022, por la que se convoca la convocatoria de procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, publicada por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, se especifica que:

 “El personal aspirante que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% y precise adaptación, deberá consignarlo en el lugar indicado de la solicitud y aportar la documentación que acredite dicha necesidad” (Base tercera, punto 3.1.4).

Pero nada se establece en la norma sobre el procedimiento a seguir para el personal aspirante que no tenga acreditado el grado de discapacidad igual o superior al 33%, y que tiene el mismo derecho a las adaptaciones en aras de los arts. 7.2 y 3; 28.1; 35.1, 2, 3, 4, 5 y 7 del Real Decreto legislativo 1/2013 y los arts. 4 o, 6, 8, 24 y 28.

Que el art. 27 de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas de 2006,proyectado sobre el art. 36 del Real Decreto legislativo 1/2013, concretando la cuestión de la discapacidad en el ámbito del acceso al trabajo, establece textualmente que:

“Se entiende por igualdad de trato la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por motivo o por razón de discapacidad, en el empleo, en la formación y la promoción profesionales y en las condiciones de trabajo”.

En igual dirección el art. 9 de la Ley 4/2017 de Andalucía, de 25 de septiembre.

En el anterior sentido, el art. 35. 3, 4 y 7 del Real Decreto legislativo 1/2013 explicita que:

“3. Existirá discriminación directa cuando una persona con discapacidad sea tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de su discapacidad”.

“4. Existirá discriminación indirecta cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual o una decisión unilateral del empresario, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a las personas con discapacidad respecto de otras personas (…)”.

“7. Se considerará igualmente discriminación toda orden de discriminar a personas por motivo o por razón de su discapacidad”.

Para cerrar la cuestión, el art. 35.5 del RD 1/2013 fija taxativamente lo siguiente:

“5. Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de discapacidad, en los ámbitos del empleo, en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo.

En el art. 28 de la Ley 4/2017 de Andalucía, de 25 de septiembre, con referencia expresa al empleo público se preceptúa lo que sigue:

“Artículo 28. Empleo público

1. En el acceso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de las Administraciones Públicas de Andalucía se garantizará el principio de igualdad de oportunidades y de trato de las personas con discapacidad.

A tales efectos, y de conformidad con el marco normativo estatal, se regularán las medidas de acción positiva Ley de Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía que sean necesarias, entre las que se incluirán la exención de algunas de las pruebas y la aplicación del sistema de concurso como sistema de acceso a personal laboral, consistente en la valoración de los méritos, atendiendo a las características de la discapacidad, y la reserva de plazas en las ofertas de empleo público y en las bolsas de trabajo temporal de un cupo no inferior al 10% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, reservando dentro del mismo un porcentaje específico del 2% para personas con discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%; siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas. (…).

2. La Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos, medios y de accesibilidad en el proceso selectivo y establecerán el tipo de sistema selectivo más adecuado en atención a la naturaleza de los diferentes tipos de discapacidad, garantizando de esta forma el principio de igualdad de oportunidades y de trato de las personas con discapacidad.

En este precepto se regulan diferentes medidas de acción positiva «entre las que se incluirán» distintas opciones, pero no para todas ellas se da la exigencia de reserva exclusiva para las personas con un 33% o más de reconocimiento administrativo (obsérvese la conjunción «y» subrayada, que avala esta interpretación); esto, sensu contrario significa que no solamente serán aplicables las medidas de acción positiva a quienes tengan dicho reconocimiento sino que hay medidas diferentes para situaciones distintas, que no dependen de un determinado porcentaje sino de la existencia de una discapacidad que obste para la igualdad de oportunidades.

Del anterior análisis normativo se desprende, sin ningún género de dudas, que quienes sufren dificultades específicas de aprendizaje son consideradas a todos los efectos personas con discapacidad según la normativa internacional, nacional y autonómica andaluza y que, en el ámbito del acceso al empleo, no ofrecerles las herramientas de accesibilidad que precisan es calificado como discriminación directa por parte de quien les niega la opción y de discriminación indirecta por parte de la norma que establece la negativa. Y que tal norma reglamentaria es nula de pleno derecho y quedaría sin efecto de mantenerse esta interpretación contra legem.

Castilla y León publica una Guía en colaboración con FEDISCyL

La Consejería de Educación de Castilla y León ha publicado una nueva edición de sus “Guías Diversas” en materia de dislexia que ha sido elaborada en colaboración con FedisCyL.

La Catedrática Ana Isabel Blanco, presidenta de la Federación de Dislexia en Castilla y León (FedisCyL) y la Dra. Merecedes I. Rueda de la Universidad de Salamanca, han trabajado junto al Creecyl en la elaboración de esta nueva guía.

Agradecemos el trabajo de estos últimos meses de la Junta de Castilla y León a través de su Consejería de Educación y el Creecyl por su colaboración para hacer realidad una guía tan necesaria.

Portada de la Guía

La Federación Española de Dislexia entra en la Asociación Europea de Dislexia

La Asociación Europea de Dislexia ha comunicado en sus redes sociales que, la Federación Española de Dislexia es una nueva asociación miembro de la EDA, por acuerdo del 100% de los integrantes de la Asamblea General celebrada el sábado 28 de mayo.

Estamos muy contentos de formar parte de esta Asociación, que tienen entidades de la mayoría de Países Europeos.

Nota aclaratoria sobre las adaptaciones en la EvAU 2022 de la Comunidad de Madrid

¿QUIÉN DEBE SOLICITAR LAS ADAPTACIONES?

Las solicitan los centros educativos, a petición del interesado, dónde el estudiante haya realizado los estudios de bachillerato o equivalentes. 

Se aplicará la resolución del Director General de Universidades de la Comunidad de Madrid, por motivo de Dislexia y otras Dificultades Específicas de Aprendizaje, dentro del plazo establecido marcado con anterioridad por la Comisión Organizadora (dos meses antes del cierre de matrícula como señala el texto).

ADAPTACIONES

Antes del examen:

Se garantizará el anonimato del alumno, para lo cual se pueden adoptar algunas medidas como:

  • Utilizar señaladores en sus hojas de examen como pegatinas, gomets, u otras señales.
  • Reservar numeraciones de exámenes para alumnos con Dificultades Específicas del Aprendizaje.
  • La mayoría de las universidades de Madrid ubicarán a los estudiantes que hayan solicitado las adaptaciones de dislexia en aulas diferenciadas para poder realizar con más facilidad dichas adaptaciones e identificaciones de los exámenes.

Adaptaciones durante la realización del examen:

  • Papel extra para realizar el examen.
  • El estudiante puede solicitar la lectura de preguntas, en caso necesario, a los vocales del tribunal.

Corrección del examen:

Los correctores sabrán que se trata del examen de alumnado con dislexia, debido a la señalización en la hoja del examen elegida por cada Universidad.

Se deberá evaluar al estudiante en base al contenido del examen, debido a la manifestación de las dificultades de escritura, con errores en su forma de expresión escrita. 

No se penalizará:

  • Menor extensión en las respuestas.
  • Presentación fuera de lo usual (dirección irregular de la escritura, tachones, diferentes tamaños de letra, etc.)
  • Faltas de ortografía, o sintaxis, asociados a los errores ortográficos y de expresión escrita más comunes en dislexia.
  • Para el resto de los errores de ortografía o puntuación se establecerá una penalización del 50 por ciento respecto a los alumnos ordinarios.
  • ESTAS ADAPTACIONES SE SUMARÁN AL RESTO DE MEDIDAS SOLICITADAS POR EL CENTRO EDUCATIVO PARA CADA ESTUDIANTE.


Referencias:

FedisCyL presente en la Asamblea General de FEDIS en Naciones Unidas

La catedrática de sociología de la ULE, Ana Isabel Blanco, participó recientemente en la declaración que la asociación formuló en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.

Ana Isabel Blanco García, catedrática de sociología de la Universidad de León (ULE), y presidenta de la Asociación leonesa ‘Superar la Dislexia’, participó hace unos días en el encuentro que dicha entidad mantuvo, su condición de asociación integrante de la Federación Española de Dislexia, en la Sala de Derechos Humanos y de la Alianza de Civilizaciones de la Sede de Naciones Unidas en Ginebra.

El acto se desarrolló con motivo del Día Internacional de la Niñez, e hizo posible la formulación de una Declaración Institucional de la Federación Española de Dislexia, en la que solicita que se cumplan estrictamente los textos normativos internacionales adoptados por España que establece con claridad el principio de “igualdad efectiva ante la ley de todos los niños, niñas y adolescentes en proceso educativo”.

El texto de la declaración pide que se entienda el alcance del concepto de discapacidad“tanto internacional como de la normativa interna española, que no se limita a las personas que adquieran un reconocimiento administrativo, sino a todas las personas que, por razón de sus capacidades diversas, se encuentran con cualquier barrera de interacción con el mundo que los rodea, asumiendo que un niño, niña o adolescente con dificultades específicas de aprendizaje, inmerso en un entorno educativo, tiene severas barreras de interacción con el lugar en donde ocupa su tarea prioritaria y la mayor parte de su infancia”.

Finalmente, el punto tercero de la declaración aboga porque la vida cotidiana de quienes tienen dificultades específicas de aprendizaje“no se vea entorpecida por las barreras invisibles que resultan del incumplimiento sistemático y continuado de los mencionados instrumentos jurídicos vinculantes”.

Hay que señalar que en el preámbulo del texto se recuerda que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue aprobada por la Asamblea General de naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 estableció “el derecho de todas las personas a la educación, que debe tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana”.

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL REAL DECRETO 984/2021

El 16 de noviembre de 2021 se publicó el Real Decreto 984/2021, por el que se regulan la evaluación y promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

En esta nota informativa detallamos los aspectos más destacables con relación al alumnado con dislexia y otras dificultades específicas de aprendizaje:

  • Este Real Decreto es de aplicación para todos los centros que impartan Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y también los centros de adultos que conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachiller.
  • Este Real Decreto tiene el carácter de legislación básica, es decir, es aplicable a todas las Comunidades Autónomas de España.
  • La repetición de curso es una medida excepcional y en todo caso sólo se podrá adoptar una vez en Educación Primaria y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria, y que deberá ir acompañada de un plan específico y personalizado de apoyo para la adquisición de las competencias no alcanzadas.
  • Las adaptaciones del currículo no podrán impedirles la promoción al siguiente curso o etapa, o la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
  • Los centros garantizarán el derecho del alumnado a una evaluación objetiva y a que su dedicación y esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.
  • Las madres y padres o tutores legales tendrán derecho a conocer las decisiones relativas a su evaluación y promoción.
  • Las adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones.
  • Se promoverán instrumentos de evaluación variados, diversos y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva.
  • Tendrán derecho a medias de flexibilización y alternativas metodológicas en las enseñanza y evaluación de la lengua extranjera.
  • Las medidas de refuerzo se adoptarán tan pronto se detecten las dificultades.
  • La incorporación a cualquier programa de diversificación curricular deberá contar con la conformidad expresa de los padres o tutores legales, una vez oído al propio alumno.
  • En Bachillerato, el alumnado que al término del segundo curso tuvieran suspendidas algunas asignaturas, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo todas las materias aprobadas.
  • El equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller de un alumno que haya superado todas las materias salvo una.

Boletín Oficial del Estado: https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/16/984

La Fedis forma a agentes del cuerpo de la Guardia Civil

🚨👮🏻‍♂️👮🏻‍♀️ Miembros de la Fedis han estado formando y sensibilizando a los agentes de las Unidades Judiciales de la Guardia Civil de todas las provincias de España, para poder dar a entender las dificultades con las que se puede encontrar un adulto con dislexia a la hora de hacer una denuncia, un interrogatorio, y otras situaciones similares. Seguimos abriendo puertas en las administraciones públicas Españolas con el objetivo de que nuestro colectivo tenga garantizado sus derechos #UnidosPorLaDislexia💪🏻

La FEDIS participa en el Foro Internacional Tramuntana

Miembros de la Federación Española de Dislexia han participado en el Primer Foro Internacional sobre Dislexia, que ha reunido a más de 300 autoridades educativas de Iberoamérica.

La responsable de la Asesoría Jurídica de la FEDIS realizó una exposición de la evolución legislativa en nuestro país y de los convenios y tratados internacionales, que amparan a nuestro colectivo.

Marta Martín realizó una aportación del impacto en los medios y la importancia de la Agenda.

Más de 25 miembros de la Federación Española de Dislexia estuvieron presentes todo el fin de semana aportando sus experiencias y recogiendo los objetivos para los próximos 8 años, en connivencia de la Agenda 2030.

2021 se salda con varias condenas por falta de apoyo al alumnado con Dislexia

Varios docentes, orientadores y directores de centros suman penas de prisión, inhabilitación y de multa por no cumplir con los artículos 71 y 72 de la ley orgánica de educación entre otros

Aunque sea difícil de creer en pleno siglo XXI, alumnos con Dislexia y otras Dificultades Específicas de Aprendizaje, ven mermados sus derechos al no tener las adaptaciones necesarias para este tipo de alumnado.

La dislexia es un trastorno de origen neurobiólogo que afecta entre el 10% y 15% de población mundial, y a día de hoy, este trastorno de aprendizaje es el causante de casi cuatro de cada seis fracasos y abandonos escolares. La mayoría de expertos coinciden en que un diagnóstico temprano junto con una buena intervención, hace posible que estos menores puedan salir bien parados durante su etapa escolar.

En 2006, la Ley Orgánica de Educación promovida por el Gobierno de Zapatero, incluía por vez primera la obligatoriedad de las adaptaciones para el alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje. Es precisamente este incumplimiento lo que recogen varias condenas de este presente año a docentes que, durante su ejercicio, no han venido cumpliendo con la legislación vigente, y que, además, las familias de los menores con dislexia venían reclamando durante todo el curso escolar.

Algunas de las condenas más destacadas son las siguientes:

·       Profesora de matemáticas, director y orientadora de centro público M.P. en Málaga: 90.000 euros de sanción a cada uno por no aplicar los ajustes razonables a una niña con dislexia y discalculia (arts. 84 y 85 de la Ley 4/2017 de Andalucía, de 25 de septiembre, de Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad) e inhabilitación especial de los tres para el ejercicio de la docencia de 4 años (art. 511 del Código penal).

·       Profesor de lengua, orientadora y directora del centro público D.I. de Valladolid: 90.000 euros y 50.000 euros respectivamente de sanción a cada uno por no aplicar los ajustes razonables a un niño con dislexia (art. 74 de la Ley 2/2013 de Castilla y León, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad), prisión de 2 años al profesor de lengua y a la orientadora e inhabilitación especial de los tres para el ejercicio de la docencia durante 4 años por los daños psicológicos irreparables infligidos al menor (art. 511 del Código Penal).

·       Profesores de lengua castellana y de lengua gallega, orientadora y directora del centro concertado M.H.P. de Lugo por no aplicar los ajustes razonables a un niño con dislexia y TDAH:  90.000 euros cada uno (arts. 49, 51 y 56 de la Ley 10/2014 de Galicia, de 3 de diciembre, de Accesibilidad), a los dos profesores de lengua 2 años de prisión y a los dos, al director y a la orientadora, 2 años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión docente (art. 511 del Código Penal).

·       Profesor de historia, director y orientadora del centro público F.B.M. de Pamplona: 90.000 euros a cada uno de ellos (Ley Foral 12/2018 de Navarra, de 14 de junio, de accesibilidad universal, en remisión a los arts. 81 a 84 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. Ley General de derechos de las personas con discapacidad), cuatro años de prisión a cada uno e inhabilitación especial para el ejercicio de la docencia de 4 años por el daño psicológico continuado e irreparable infligido a un menor.

De todas estas sentencias se desprende que a día de hoy, siga habiendo muchos menores de edad con Dificultades de Aprendizaje, que no reciben las adaptaciones necesarias para encontrarse en igualdad de condiciones y oportunidades que el resto de alumnado del aula.

*Esta noticia se subió el día de los inocentes, puesto que, lamentablemente desde la FEDIS querríamos que en muchos casos hubiera una condena cuando los derechos de nuestro alumnado se ve menoscabado. No se ha pretendido jugar con las falsas esperanzas de nadie tal como algunas personas han podido decir, pues las condenas que hacen mención el artículo están basadas en un estudio de algunas condenas ya existentes, así como, de las condenas establecidas en el código penal y civil vigentes en la actualidad. Por tanto, las familias que requieran de asesoramiento jurídico para proteger sus derechos tienen a disposición tanto nuestros servicios jurídicos como el bufete abogados de la Federación.