La catedrática de sociología de la ULE, Ana Isabel Blanco, participó recientemente en la declaración que la asociación formuló en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.
Ana Isabel Blanco García, catedrática de sociología de la Universidad de León (ULE), y presidenta de la Asociación leonesa ‘Superar la Dislexia’, participó hace unos días en el encuentro que dicha entidad mantuvo, su condición de asociación integrante de la Federación Española de Dislexia, en la Sala de Derechos Humanos y de la Alianza de Civilizaciones de la Sede de Naciones Unidas en Ginebra.
El acto se desarrolló con motivo del Día Internacional de la Niñez, e hizo posible la formulación de una Declaración Institucional de la Federación Española de Dislexia, en la que solicita que se cumplan estrictamente los textos normativos internacionales adoptados por España que establece con claridad el principio de “igualdad efectiva ante la ley de todos los niños, niñas y adolescentes en proceso educativo”.
El texto de la declaración pide que se entienda el alcance del concepto de discapacidad“tanto internacional como de la normativa interna española, que no se limita a las personas que adquieran un reconocimiento administrativo, sino a todas las personas que, por razón de sus capacidades diversas, se encuentran con cualquier barrera de interacción con el mundo que los rodea, asumiendo que un niño, niña o adolescente con dificultades específicas de aprendizaje, inmerso en un entorno educativo, tiene severas barreras de interacción con el lugar en donde ocupa su tarea prioritaria y la mayor parte de su infancia”.
Finalmente, el punto tercero de la declaración aboga porque la vida cotidiana de quienes tienen dificultades específicas de aprendizaje, “no se vea entorpecida por las barreras invisibles que resultan del incumplimiento sistemático y continuado de los mencionados instrumentos jurídicos vinculantes”.
Hay que señalar que en el preámbulo del texto se recuerda que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue aprobada por la Asamblea General de naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 estableció “el derecho de todas las personas a la educación, que debe tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana”.
